Jorge
Valín*
El
Instituto Nacional de Estadística (INE) ha adelantado que el
Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) supera
la previsión inflacionista del estado en 1,4 puntos.
El IPCA es una variante del IPC (Índice de Precios
de Consumo). A diferencia del último, el IPCA no tiene en cuenta
algunos aspectos del clásico IPC: como los servicios médicos,
los medicamentos subvencionados y la educación. El IPCA también
excluye las viviendas ocupadas por sus propietarios, y otros bienes
y servicios no contabilizados, o que son tratados de forma diferente
por otros países miembros de la UE. El IPCA, a igual que el IPC
(clásico), es otro artificio que de nada sirve como guía
al ama de casa, estudiante, médico o a cualquier asalariado.
Lo único que todos sabemos es que recibimos los mismos ingresos
y pagamos más por las cosas que queremos adquirir.
Esto nos lleva a dos preguntas interesantes: ¿quién
es el ganador de estas subidas continuas?; y también, ¿por
qué siempre suben los precios?
La razón que los precios suban no se debe a un
truco de magia, ni a la especulación del intermediario, egoísmo
del capitalista, o a la "avaricia intrínseca" del ser
humano. El único responsable de este aumento es el propio estado.
Cuanto menos intervenga el estado en economía, más estabilidad
de precios existirá; y cuanto más intervenga más
inestabilidad. Y también, cuanto más intervencionista
sea un estado, mayor aumento en los precios a expensas de sus contribuyentes.
En este sentido, la inflación es un impuesto más que el
estado recauda sin que el contribuyente lo vea de forma directa. El
ganador indiscutible del fenómeno de la inflación, sin
lugar a dudas, es el estado.
La razón por la cual continuamente aumenten los
precios se debe a los gastos en los que el propio estado incurre. El
estado, para financiar todo aquello que promete a sus votantes, necesita
sacar unos recursos (dinero) al sector privado. Realmente el estado
no es un “productor real”. Los estados, y especialmente
los “progresistas”, jamás son productivos, sino siempre
improductivos (¡que gran contradicción sería admitir
que los funcionarios son productivos!).
Como
el estado no puede financiarse por el mismo, sólo puede recurrir
a dos medios:
los impuestos, y la emisión de más dinero —hoy día
llamado “monetarización”. Y éste último
es el que genera la dañina inflación. Uno de los medios
para conseguir este tipo de financiamiento es ampliar la “masa
monetaria” —es lo que los economistas llaman M3. En los
últimos años este agregado en España ha tenido
índices de crecimiento muy altos mientras veía descender
su PIB real. Esta continua fabricación de dinero está
generando una inflación “latente” que no pueden medir
los ratios convencionales (como IPC, IPCA, etc.).
Así, el estado, en su continuo esfuerzo por inyectar
dinero en el mercado con el único objetivo de lucrarse, es el
único culpable del incesante aumento de los precios: si el estado
“fabrica más dinero” para pagar todo aquello que
promete, el precio de los bienes que queremos comprar irremediablemente
subirán.
La respuesta natural a esta intromisión, y que
el estado combate con leyes, tarifas, impuestos, bloqueos comerciales,
etc. son las leyes de la oferta y demanda. Intentar romper esta ley
económica natural, es como si un físico quisiera reducir
los efectos de la ley de la gravedad por considerarla “poco igualitaria”
o “poco sostenible”.
Si esperamos que el estado cree más subvenciones,
genere más viviendas de protección oficial, aumente los
subsidios de baja por estrés, subsidio de desempleo, etc. más
cara será la vida para nosotros. Esta intromisión sólo
significa que el estado vivirá mejor a expensas de los productores
—asalariados, empresarios, etc.— para otorgarlo a otros
grupos que no generan nada —burócratas, ministros, campesinos
ociosos, huelguistas que cortan carreteras, oportunistas estatales,
etc.
Habiendo planteado este marco, ¿cómo es
que el IPC actual parece tan bajo? En los años setenta, por ejemplo,
la subida de los precios era evidente. El IPC superaba los dos dígitos
anualmente. La respuesta es que el intervencionismo monetario de los
setenta era diferente. La intervención que ejercían los
estados y bancos centrales entonces se basaba llanamente en imprimir
más dinero (más billetes). La fabricación de más
dinero, sin ningún equivalente productivo que lo respalde (léase
falsificación) repercute en los precios de una forma más
visible. Los medidores convencionales, como el IPC, los intuyen con
más facilidad. Pero hoy en día el estado no está
autorizado a imprimir dinero cuando necesita recursos (aunque evidentemente
sí que lo hace, y también lo destruye sin saber realmente
el respaldo real que existe). Hoy en día, los estados y bancos
centrales se dedican a hacer intervenciones en los mercados financieros
aumentando la oferta monetaria.
Que ningún índice clásico, o periodísticamente
conocido, mida esta "inflación crediticia", no significa
que no exista. Existe, pero está “latente” en otros
mercados pudiendo repercutirnos en cualquier momento. Una clara muestra
ha sido el precio de la vivienda en España (también ha
ocurrido lo mismo en Reino Unido y Estados Unidos). ¿Podemos
decir que la “inflación” de la vivienda ha sido “moderada”
en el lenguaje político? No. Realmente la estabilidad de precios
que define el estado ha sido un evidente fracaso, y es que el fuerte
incremento de la vivienda yace precisamente en la intromisión
que el estado ha ejercido en el mercado
inmobiliario y financiero.
Si el estado sigue interviniendo en la economía
con más promesas y fabricando más dinero para financiarse,
o impidiendo la producción privada, veremos un nuevo tipo de
inflación. Una nueva inflación que acabará teniendo
los mismos y nefastos resultados que ya tuvo en los años 30 y
70 del siglo XX. Y es que ningún estado jamás ha evitado
ninguna crisis, más bien, siempre las ha causado.
