Precios Máximos

Imponer precios máximos significa dar un arbitrario “precio moral” a un producto. El estado considera que el valor de mercado de un producto es demasiado alto por la necesidad que éste implica. ¿Cómo determina el estado el precio justo? La realidad es que le es imposible hacerlo; así que simplemente coge el de mercado le aplica una rebaja y le añade unos céntimos de más para que parezca más científico. De lo que el burócrata no se da cuenta que es el proceso heurístico del mercado contiene toda la información necesaria para crear un precio justo, y que tal precio sólo se puede conseguir por medio de un mercado totalmente libre. ¿Qué relación tiene la moralidad de una sola persona sobre el precio de un producto? Ninguna. El precio regula cantidad con utilidad; y no de un solo burócrata, sino de todos los participantes del mercado, y éstos determinan la “moralidad” de un precio mediante sus acciones pacíficas, es decir, con la libre elección de comprar o no, de recurrir a la competencia o no. Es éste el proceso que crea un precio moralmente justo, que a la vez genera un mayor abanico de posibilidades donde todos pueden disfrutar del producto.

¿Qué efectos tienen los precios máximos? Si a un producto que vale X de forma coactiva le hago valer X-10, automáticamente a ese bien le aumenta la demanda sin aumentar la oferta, o dicho de otra forma, se crea escasez de dicho bien. Un claro ejemplo es la electricidad. En muchos países los precios energéticos sufren de precios máximos. Esto significa que a las empresas eléctricas no les es atractivo, como antes, producir electricidad. En consecuencia al aumentar la demanda y no la oferta sin poder ajustar los precios, la electricidad se vuelve escasa.

Consecuentemente, al disminuir los beneficios de las empresas eléctricas éstas dejan lo que antes era su principal fuente de ingresos en segundo plano para buscar otros negocios más lucrativos. Esta reducción de negocio implica, también, la liberación de recursos específicos, como por ejemplo de trabajadores. Dicho de otra forma, el producto final ha bajado de precio, y éste determina los costes, por lo tanto, si se reduce el precio final del bien los costes tendrán que reducirse; solución: salarios más bajos y menos empleo.

Antes he dicho que los precios máximos obligan a la empresa a centrarse en otros productos más lucrativos, pero ¿a qué más se puede dedicar una eléctrica? Lo podemos ver en muchos países. Una tendencia actual es que las eléctricas se introduzcan en el sector financiero, no sólo hacen préstamos al consumo sino que algunas ¡ya ofrecen hipotecas! ¿Por qué seguir en un sector regulado e improductivo cuando existen otros más suculentos?

La otra consecuencia inevitable es una peor calidad de servicio. En el caso de la electricidad se crean cortes, bajadas de tensión, etc. Los ejemplos los tenemos en cualquier país de Europa o América. Los cortes y bajadas de tensión hoy día tienen una trascendencia más importante de la que puede parecer a simple vista, como por ejemplo, que pueden provocar la destrucción de muchas máquinas, verbigracia los ordenadores. Para un particular esto puede ser un contratiempo importante pero para una empresa puede ser, a corto plazo, un desastre.

La tarifa máxima provoca a igual que cualquier otra ley que vaya contra la libertad económica pérdida de competitividad, lo que significa que de forma automática empieza a tomar relevancia el mismo producto extranjero, esto es: aumentan las importaciones y diminuyen las exportaciones, dicho de otra forma, el país se vuelve ineficiente en la elaboración de este producto. Esto es lo que le pasa por ejemplo a España que ha de comprar grandes volúmenes de electricidad a Francia porque es incapaz de producirlas ella misma.

El objetivo inicial de los precios máximos era imponer un precio justo, pero ¿cuál ha sido el resultado? Aumentar el desempleo, las importaciones, convertir un posible sector fructífero en decadente, disminución de calidad para el consumidor y empobrecer, por tanto, al individuo.