La privatización de la televisión estatal

La irracionalidad intervencionista del estado en la economía y vida de las personas que ejerce el gobierno es un descarado ataque a la libertad y al individualismo de las personas. Este hecho parece estar haciendo mella en la sociedad actual en algunos asuntos. Podemos encontrar un ejemplo muy claro en la privatización de las cadenas públicas de televisión. La mala gestión, los desequilibrios que crean sobre las empresas privadas y los elevados costes en los que incurren constantemente los entes públicos de comunicación han suscitado un cambio de visión en la opinión pública pidiendo una solución de libre mercado.

En España existen dos canales de televisión públicos nacionales, representados bajo RTVE (Radio Televisión Española). Además existen numerosas cadenas autonómicas dirigidas por los burócratas y pagadas por la sociedad civil. Pero además también existen cadenas a nivel de ciudad, éste es el caso, por ejemplo de BTV (Barcelona Televisión) que es la más cara de España en términos relativos, esto es, por ciudadano que contribuye a su existencia. Es curioso observar como todas estas cadenas incurren en déficits continuos generando, a la vez, altas deudas mientras que todas las cadenas privadas tienen beneficios netos ofreciendo a la sociedad las autenticas demandas del mercado.

Una de las polémicas que se está levantando en España es la privatización de RTVE que acumula ya una deuda superior a los 6.000 millones de euros, o lo que es lo mismo más del 1% del PIB español. No hay razón alguna para mantener una cadena pública (estatal o autonómica) hoy en día cuando existen otras cadenas privadas y el sector de los medios de comunicación sigue creciendo. Crecimiento que sería mucho mayor si se eliminasen las licencias audiovisuales que las administraciones otorgan o renuevan de forma arbitraria.

No sólo es intolerable e inadmisible el sistema de gestión de las cadenas de televisión públicas donde los recursos (capital) es ilimitado compitiendo de forma desleal con el mercado privado, sino que tampoco tiene sentido que el estado y grupos de presión usen estas cadenas para defender de forma descarada su propaganda e ideas.

La falta de información vuelve a ser uno de los principales puntos para la reforma. ¿Realmente sabe lo que paga cada individuo por estas televisiones públicas?, de saberlo no creo que nadie, excepto los burócratas, estuviese a favor de una televisión pública. La falta de transparencia del estado es evidente ante esta situación. Por ejemplo, en la declaración de la renta tendría que constar cuanto dinero de cada individuo se destina a la existencia de las televisiones públicas, sólo entonces se otorga más libertad de elección a la sociedad siendo ésta y no un grupo de políticos quienes decidieran mantener o no tales empresas mediáticas.

No puede justificarse la existencia de ninguna empresa que no se rija mediante las normas del mercado y la elección del consumidor. Cualquier financiación que implique el robo de la economía privada a la pública es inmoral desde cualquier punto de vista. Sólo el individuo sabe lo que desea y el precio al que lo quiere. Un sistema totalmente privado de televisiones creará mayor calidad de servicio e información adaptándose a las necesidades del mercado obteniendo siempre una gestión eficiente y enriqueciendo, de esta forma, a sus accionistas.

No sirven las excusas de tener una cadena pública donde no importen los recursos destinados (que de algún lugar salen) por el mero hecho tener una “mayor objetividad”, y es que la opinión y propaganda de las administraciones y de los grupos de presión paralelos a estas administraciones, canalizados por estas cadenas públicas, sólo son una señal más del autoritarismo y de la poca confianza en la sociedad civil sirviendo además al beneficio personal de unos burócratas a costa del consumidor y de las empresas privadas.